La situación administrativa irregular convierte a las mujeres migrantes en objetivo prioritario de redes de trata y explotación laboral. Sin papeles, sin derechos reconocidos y sin red de apoyo, muchas viven en una vulnerabilidad extrema que el Estado español no ha sabido abordar.

España es uno de los principales países de entrada y destino de víctimas de trata en Europa. Según datos del Ministerio del Interior, el 90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas en España son mujeres, y la mayoría son migrantes en situación irregular.

Pero la trata no es la única forma de explotación que sufren las mujeres sin papeles. La explotación laboral en el sector doméstico, en la agricultura y en la hostelería afecta a miles de mujeres que trabajan sin contrato, sin seguridad social y sin posibilidad de reclamar sus derechos por miedo a ser deportadas.

«Trabajé tres años limpiando casas sin contrato. Me pagaban la mitad de lo que me habían prometido. No podía denunciar porque me amenazaban con llamar a inmigración.»

— Testimonio anónimo recogido por KaleidoscopiA

El sistema actual crea una trampa: las mujeres en situación irregular que sufren violencia o explotación tienen miedo de denunciar porque la denuncia puede derivar en un proceso de expulsión. Organizaciones como ACCEM y la Cruz Roja llevan años reclamando que la denuncia de delitos no conlleve consecuencias para la situación administrativa de la víctima.

Algunos avances legislativos recientes, como la ampliación de los permisos de residencia para víctimas de violencia de género independientemente de su situación administrativa, van en la dirección correcta. Pero la implementación es desigual y muchas mujeres siguen sin conocer sus derechos.

Desde KaleidoscopiA exigimos un sistema migratorio que proteja a las personas más vulnerables, independientemente de su situación administrativa. Nadie debería tener que elegir entre su seguridad y su permanencia en el país.